- La Fundación CERMI Mujeres (FCM) celebró en el Congreso de los Diputados la conferencia anual “La trata y la explotación de mujeres y niñas con discapacidad: reflexiones para una intervención efectiva”.
- Una delegación de CERMIN estuvo presente en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados junto a otras entidades del movimiento social de la discapacidad
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha clausurado en el Congreso de los Diputados la conferencia anual “La trata y la explotación de mujeres y niñas con discapacidad: reflexiones para una intervención efectiva”, una jornada de trabajo en la que responsables públicos, expertas internacionales, entidades sociales y representantes institucionales han coincidido en la necesidad de reforzar la respuesta política, jurídica y social frente a una de las formas más graves e invisibilizadas de vulneración de derechos humanos.
En la primera mesa, centrada en la legislación y las políticas públicas para combatir la trata y la explotación de seres humanos, la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación CERMI Mujeres, Sara de Torres Riveiro, destacó la importancia de analizar los instrumentos internacionales que configuran el marco jurídico de prevención, protección y cooperación institucional frente a esta forma de violencia.
La representante de la Comisión Europea Filipa Bernardes Vilela, miembro del equipo de trata de seres humanos, advirtió de la fuerte dimensión de género que sigue teniendo este fenómeno en la Unión Europea y recordó que las mujeres y niñas continúan siendo la mayoría de las víctimas registradas, especialmente en los casos de explotación sexual. Bernardes Vilela alertó además de que las personas con discapacidad afrontan riesgos aún mayores debido al aislamiento social, la dependencia de cuidadores, la discriminación y las dificultades de acceso a la información y a los servicios de apoyo. En este contexto, defendió una respuesta “centrada en las víctimas” e insistió en la necesidad de incorporar enfoques sensibles al género, la infancia y la discapacidad. También recordó que los Estados miembros deberán haber transpuesto antes del 15 de julio la nueva directiva europea reforzada en 2024, y apeló al compromiso de España para garantizar una aplicación “efectiva” de este marco normativo.
A continuación, Biljana Lubarovska, miembro del GRETA, el grupo de expertos del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos puso el foco en el concepto de vulnerabilidad como elemento central de la propia definición de trata. Lubarovska explicó que el abuso de una situación de vulnerabilidad se produce cuando una persona “no tiene una alternativa real y aceptable” frente a la explotación, y advirtió de que esta situación se agrava cuando confluyen factores múltiples, como ser mujer, pertenecer a una minoría o tener discapacidad. La experta alertó de que las personas con discapacidad, y en particular las mujeres y niñas con discapacidad intelectual o psicosocial, pueden convertirse en objetivos específicos de explotación sexual, mendicidad forzada o abusos en entornos institucionales. Asimismo, lamentó la falta de datos desagregados y de investigaciones específicas, y señaló que una de las principales recomendaciones del actual ciclo de evaluación del GRETA es precisamente invertir en conocimiento, formación especializada y mecanismos eficaces de detección.
Por su parte, el especialista senior en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Stefan Trömel, abordó la conexión entre trata, explotación y trabajo forzoso, recordando que este último concepto abarca un campo más amplio, pero íntimamente relacionado con las formas contemporáneas de esclavitud. Trömel recordó que en el mundo hay 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso, de las cuales 6,3 millones son víctimas de explotación sexual forzada, y subrayó que la enorme mayoría en este último grupo son mujeres y niñas. “Lo que no puedes medir, tampoco lo puedes abordar”, advirtió, al lamentar que no existan todavía datos suficientes sobre discapacidad en este ámbito. Durante su intervención defendió la importancia de la prevención, la identificación de indicadores de riesgo y la incorporación de la discapacidad en la recogida de información y en las políticas públicas impulsadas en el marco del Protocolo de la OIT sobre trabajo forzoso.
La mesa se cerró con la intervención del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, quien aterrizó el debate internacional en la realidad española y alertó de la especial penetración de las redes de trata en el sistema de protección de la infancia. Pérez Correa afirmó que en España existen actualmente “17 sistemas de protección” distintos, uno por comunidad autónoma, lo que genera profundas desigualdades y disfunciones. A su juicio, esta fragmentación institucional, unida a la precariedad laboral en el sector y a la falta de acompañamiento efectivo en la transición a la vida adulta, favorece la captación de menores por parte de redes de explotación.
En este sentido, anunció dos líneas de actuación inmediatas por parte del Ministerio: una reforma de la LOPIVI para reforzar la figura del coordinador o coordinadora de bienestar en el sistema residencial de protección, y un real decreto de estandarización que fije criterios comunes mínimos para todos los territorios. Pérez Correa defendió que no se puede seguir tolerando que los menores tutelados queden expuestos a entornos de enorme vulnerabilidad, y advirtió de que muchas niñas acaban captadas por redes de prostitución y trata al cumplir la mayoría de edad, precisamente por la ausencia de itinerarios de apoyo y emancipación.
Segunda mesa: mecanismos de detección y protección de víctimas de trata con discapacidad
La segunda mesa de la conferencia estuvo dedicada al análisis de los mecanismos de detección y protección de víctimas de trata con discapacidad, un ámbito clave para mejorar la respuesta institucional frente a este fenómeno. La sesión reunió a responsables de tres ámbitos fundamentales en la lucha contra la trata: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y la Fiscalía General del Estado.
La directora del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Cristina Fernández González, explicó que muchas situaciones de explotación vinculadas a la trata se detectan inicialmente en el ámbito laboral. Recordó que existen distintos niveles de gravedad, desde los incumplimientos administrativos de la normativa laboral hasta delitos contra los derechos de los trabajadores, situaciones de trabajo forzoso o casos de trata de personas. “Son situaciones que atentan directamente contra la dignidad humana y contra los derechos fundamentales de las personas, por lo que deben ser perseguidas con la máxima contundencia”, afirmó.
Por su parte, Jesús Enrique López Romá, jefe de sección del área de criminalidad organizada del CITCO, recordó que la trata es una forma extrema de explotación que destruye vidas y mercantiliza a las personas. “La trata de seres humanos es una de las violaciones más graves de los derechos fundamentales y, cuando las víctimas son mujeres y niñas con discapacidad, la detección y la protección resultan todavía más difíciles y más urgentes”, señaló.
Necesidad de incorporar plenamente la perspectiva de discapacidad en las políticas de igualdad, reforzar la accesibilidad de los recursos de atención y protección, y seguir impulsando políticas públicas basadas en datos, investigación y enfoque interseccional.
La fiscal de sala coordinadora de Extranjería y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez Álvarez, centró su intervención en los desafíos que plantea la investigación y persecución de estos delitos cuando las víctimas son mujeres o niñas con discapacidad. “La trata de mujeres con discapacidad no solo constituye una forma de violencia extrema, sino que está agravada por la discriminación estructural y por la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado y de la sociedad”, afirmó.
En el tercer y último panel de la jornada, dedicado a compartir buenas prácticas en la atención, recuperación, rehabilitación y reintegración social de las víctimas con discapacidad, las participantes pusieron el foco en la intervención directa sobre el terreno y en la necesidad de construir respuestas más inclusivas, coordinadas y sostenidas en el tiempo.
La representante de ACNUR en España, Carolina Mateos, recordó que entre las personas refugiadas y desplazadas forzosamente hay también mujeres y niñas con discapacidad expuestas a situaciones de trata y explotación, y advirtió de que a la intersección entre género y discapacidad se suma con frecuencia una tercera capa de vulnerabilidad, la del desplazamiento forzado.
La directora de APRAMP, Rocío Mora, defendió que la salida real de la trata y la explotación solo es posible si existen alternativas efectivas. “Es fundamental tener alternativas, si no ninguna de las mujeres que están en esta situación va a salir”, afirmó.
Por su parte, la presidenta de Fundación A LA PAR, Almudena Martorell, centró su intervención en la situación de las mujeres con discapacidad intelectual, uno de los perfiles que presentan una mayor exposición al abuso, la explotación y la trata.
Pilar Villarino, directora ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, clausuró la jornada destacando la importancia de las alianzas institucionales para avanzar en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres con discapacidad.
Fuente: CERMI Estatal