El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) presentó ayer el estudio “Informar para incluir: los derechos del alumnado con discapacidad y sus familias”, una investigación que revela un desconocimiento de los derechos educativos por parte del alumnado con discapacidad y sus familias, carencias en la información que reciben las familias y la necesidad de reforzar apoyos para avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo en Navarra.
La jornada, celebrada en el salón de actos de la ONCE en Pamplona, ha reunido a familias, entidades sociales, profesionales del ámbito educativo y representantes institucionales. El acto ha sido inaugurado por la presidenta de CERMIN, Mariluz Sanz, quien ha subrayado que la educación inclusiva “no es una opción, sino un derecho humano fundamental”, recordando además el 20 aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante su intervención, Sanz ha señalado que el estudio nace de una preocupación compartida por el movimiento asociativo de la discapacidad ante el “desconocimiento generalizado, la confusión y la inseguridad” que muchas familias manifiestan respecto a los derechos educativos de sus hijos e hijas.
Irati Goikoetxea, directora del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, que hizo la apertura institucional del acto ha destacado la importancia de una información clara y accesible para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, y ha alertado sobre la existencia de situaciones de rechazo, discriminación y acoso hacia el alumnado con discapacidad, apelando a la necesidad de una reflexión y autocrítica colectiva en la defensa de los derechos humanos.
A continuación, la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra, Leyre Elizari, ha contextualizado el marco jurídico de la educación inclusiva, recordando que no se trata de una opción ni de una carga administrativa, sino del cumplimiento de un derecho fundamental. Elizari ha señalado que el derecho a la educación, recogido en la Constitución y desarrollado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obliga a garantizar un sistema educativo inclusivo, sin discriminación y basado en la igualdad de oportunidades, adaptado a las necesidades del alumnado para permitir su pleno desarrollo personal. Igualmente, ha remarcado que el derecho de las familias a recibir información no debe entenderse como una cuestión menor.
La presentación de los resultados ha corrido a cargo de Mónica Iñigo, técnica de CERMIN, quien ha expuesto las principales conclusiones del estudio. Entre ellas, destacan la falta de información clara y accesible para las familias y alumnado con discapacidad, que dificulta el ejercicio efectivo de sus derechos educativos; la insuficiencia de recursos técnicos y humanos, que limita la creación de mecanismos de coordinación estables y de calidad con las familias; el estigma que sienten muchas familias por parte de la comunidad educativa, y la persistencia de situaciones de discriminación o acoso hacia el alumnado con discapacidad.
El acto ha incluido también un espacio de diálogo con la participación de expertas del ámbito jurídico y educativo, y ha sido clausurado por el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, quien ha remarcado que “hay que cambiar la mirada” y apostar decididamente por la equidad y la inclusión como una cuestión de justicia social. Vera ha recordado que las administraciones públicas tienen la obligación de prevenir cualquier forma de exclusión en el ámbito educativo y de garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas.
Desde CERMIN se ha destacado que este estudio pretende ser una herramienta para el debate y la acción, y un punto de partida para reforzar el trabajo conjunto entre administraciones, comunidad educativa, entidades sociales y familias, con el objetivo de avanzar hacia un sistema educativo que reconozca la diversidad como un valor y no como un obstáculo.
Este estudio ha sido financiado por la dirección general de Memoria y Convivencia del Departamento de Relaciones Ciudadanas de Gobierno de Navarra.