• Con la aprobación hoy por el Consejo de Ministros de la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de reforma del Código Civil y normativa conexa en materia de personas con discapacidad, da inicio un proceso histórico para adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a los mandatos sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

El Proyecto de Ley, que se remite al Congreso de los Diputados para comenzar su trámite parlamentario, ha sido elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que ha trabajado en los últimos años en la preparación de la propuesta, oyendo y consultando a todas las instancias y operadores jurídicos con interés en la reforma, la mayor en número de artículos modificados del Código Civil desde su adopción en el siglo XIX.

Con esta iniciativa legislativa, se da cumplimiento al mandato del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.

La reforma legal hoy iniciada supondrá un cambio radical en cómo el Derecho civil ha entendido la discapacidad y a las personas con discapacidad, pasando del esquema paternalista y restrictivo de derechos de la sustitución al promotor de los apoyos a la toma de decisiones.

El movimiento social de la discapacidad representado por el CERMI, que ha participado activamente en la preparación de la propuesta a través de un diálogo constructivo con Justicia, considera este Proyecto de Ley un texto solvente, acertado y positivo, para el que pedirá el apoyo de todo el arco parlamentario, ya que es una reforma ideológicamente transversal, derivada de exigencias de derechos humanos, no partidista, que puede y deber ser compartida por todas las fuerzas políticas.

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Fuente: CERMI Estatal.