- La institucionalización es una forma de violencia contra la infancia con discapacidad, que no puede ser segregada y reducida a vivir en establecimientos colectivos fuera de un núcleo familiar, asentado, apoyado y parte de la comunidad.
Así se ha expresado hoy, Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU, en una jornada organizada por Save The Children al que ha sido invitado a participar para abordar el tema de los derechos humanos como garante de la protección de la infancia con discapacidad ante la violencia.
En su intervención, el representante del CERMI ha reivindicado la Convención de la Discapacidad y la Convención del Niño en un momento en el que Legislador está elaborando una ley orgánica para proteger a todas las niñas y niños y adolescentes contra la violencia.
La futura norma legal y las políticas públicas que se desprendan de este nuevo marco regulatorio, señaló Martín Blanco, deben estar inspirados en los preceptos de tratados de derechos humanos ratificados por España. Ese debe ser, enfatizó, el mandato inexcusable e irrenunciable si queremos que la infancia y adolescencia este reconocida como titulares de los derechos.
Además de la institucionalización como factor expansivo de la violencia, ha detenido la mirada en las niñas con discapacidad, más expuestas a la violencia y el abuso. Apenas han pasado unos meses, recalcó el delegado del CERMI, desde que el movimiento CERMI consiguió que el Legislador aboliera la esterilización forzosa de las personas con discapacidad, que se cebaba en la mujeres y jóvenes.
Ante la nueva Legislación de protección de la infancia y la adolescencia contra la violencia, el responsable de Derechos Humanos del CERMI ha recordado las demandas y propuestas del movimiento de la discapacidad que pasan por disponer de datos fiables, actuales y específicos según la variable de discapacidad sobre violencia contra la infancia; considerar la atención temprana y el desarrollo infantil como derecho subjetivo de los niños y niñas con discapacidad y establecer marcos públicos vigorosos de apoyo y protección económica y social a las familias que tengan en su seno a personas con discapacidad de menor edad.
Finalmente, Martín Blanco ha apelado a fomentar la participación de los niños y las niñas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, en especial en organismos consultivos (deben participar las niñas, los niños y sus familias) y en la formación general de la infancia para hacer frente al maltrato y el abuso.
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Fuente: CERMI Estatal.