Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación CERMI Mujeres, en tanto que plataforma estatal creada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para la representación defensa y acción de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, hace público el siguiente:
La 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas ha situado como prioridad garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias y abordando las barreras estructurales. Este llamamiento internacional nos interpela directamente. Sin accesibilidad universal, sin formación especializada y sin eliminación de prejuicios en todo el sistema judicial, no hay justicia para las mujeres y niñas con discapacidad.
Y es que las mujeres con discapacidad no acceden a la justicia; y, en los pocos casos que lo consiguen, se enfrentan con obstáculos estructurales que pueden dar lugar a que se dude de su credibilidad y que se desestimen sus acusaciones , o a sentencias discriminatorias contrarias a los derechos humanos que las revictimizan y condenan.
Las actitudes negativas del personal de justicia en la aplicación de los procedimientos pueden intimidar a las víctimas con discapacidad o disuadirlas de buscar justicia. Los procedimientos de información complicados o degradantes, la remisión de las víctimas a los servicios sociales en lugar de proporcionarles recursos jurídicos o la actitud displicente de la policía u otras fuerzas del orden son ejemplos de esas actitudes.
Estos sesgos no solo menoscaban su derecho a la tutela judicial efectiva, sino que se traducen en vulneraciones graves de las garantías procesales —como la indebida inversión de la carga de la prueba o la adopción de enfoques acusatorios hacia la propia víctima— y, de manera particularmente alarmante, en resoluciones y sentencias de carácter discriminatorio que reproducen tales estereotipos, relativizan la credibilidad de las víctimas por razón de su discapacidad y llegan incluso a atribuirles una pretendida corresponsabilidad en los hechos. Tales actuaciones constituyen una forma de violencia institucional y una vulneración frontal de los principios de igualdad y no discriminación, perpetuando la impunidad y negando a las mujeres y niñas con discapacidad el acceso real y efectivo a la justicia.
La Fundación CERMI Mujeres, como expresión organizada en España de las voces de las mujeres y niñas con discapacidad y de las madres de hijos e hijas con discapacidad, exigen:
- Impulsar un estudio exhaustivo y permanente sobre las causas profundas del escaso número de denuncias interpuestas por mujeres y niñas con discapacidad, así como sobre sentencias judiciales que se han dictado especialmente en materia de explotación, violencia y abuso, incorporando datos desagregados y un enfoque interseccional que permita diseñar políticas públicas eficaces.
- Garantizar la asistencia jurídica gratuita en todos los procedimientos judiciales para mujeres y niñas con discapacidad víctimas de discriminaciones agravadas por razón de género y discapacidad, eliminando cualquier obstáculo económico o administrativo que limite su acceso a la defensa y a la reparación.
- Asegurar la plena accesibilidad del sistema de justicia mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad, al género y al tipo de discapacidad; acceso a la información y a la comunicación en formatos accesibles; provisión de asistencia humana, productos y tecnologías de apoyo elegidos por las propias mujeres; e incorporación efectiva de la figura del facilitador o facilitadora procesal.
- Dotar a todos los juzgados de violencia sobre la mujer y a los juzgados de familia de los recursos necesarios para garantizar instalaciones, servicios y procedimientos plenamente inclusivos y accesibles.
- Exigir formación obligatoria y continuada en género y discapacidad para todos los actores del sistema judicial, incluyendo judicatura, fiscalía, personal letrado, turnos de oficio especializados en protección jurídica de personas con discapacidad y en violencia de género, así como equipos psicosociales y forenses, con el objetivo de eliminar barreras simbólicas, prejuicios y estereotipos.
- Desarrollar programas de formación y empoderamiento dirigidos a mujeres y niñas con discapacidad —especialmente en zonas rurales y en instituciones residenciales— y a madres de hijos e hijas con discapacidad sobre los recursos legales disponibles para denunciar vulneraciones de derechos, acceder a la asistencia jurídica gratuita y obtener reparación como víctimas.