Representantes de CERMIN participaron este martes en una sesión de trabajo de la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra donde manifestaron la necesidad “urgente” de avanzar hacia la mejora de la atención ofrecida al alumnado navarro con necesidades educativas especiales. En palabras de su presidenta, Mariluz Sanz, “aunque se van dando pasos, éstos están resultando insuficientes”.
En el curso escolar 2020-21 el alumnado navarro con necesidades específicas de apoyo educativo sumaba 27.471, el 30% del total escolarizado y un 16 % más que en los últimos tres años. El 10% de ese alumnado tenía alguna discapacidad reconocida, lo que en el cómputo global del alumnado navarro representa alrededor del 3%. En cuanto al tipo de aula, el 89’7% del alumnado con discapacidad está integrado en aulas ordinarias, y el 10’3% en centros de educación especial o aulas específicas de centros ordinarios. A nivel estatal la proporción es algo menor (82’9% en aula ordinaria, y 17’1% en educación especial específica), situando a Navarra como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de inclusión.
A pesar de estar a la cabeza de este ranking, expusieron “carencias detectadas curso tras curso” apoyándose en testimonios reales de las familias vinculadas al movimiento asociativo, así como en los datos del último informe de la Cámara de Comptos sobre esta materia. Sanz aludió a que las “carencias” se dan independientemente de la titularidad del centro, modalidad de escolarización, tipo de discapacidad o etapa educativa cursada, “lo que puede indicar que la problemática afecta de manera trasversal al sistema educativo”. “Estas situaciones se dan en el sistema educativo navarro, por lo que no pueden eludirse bajo ninguna justificación, ni puede obviarse el deber de los poderes públicos de buscar solución a ellas”, añadió.
Así mismo, destacó que no se trata de una circunstancia puntual ni exclusiva de los últimos años, mostrando que las realidades descritas apuntan a una problemática estructural en la atención a la diversidad “en la que es necesario ahondar” para buscar soluciones “sin más demora”.
Propuestas para la mejora
La presidenta de CERMIN enumeró una serie de propuestas para la mejora, como la formación especializada del personal docente y no docente en atención al alumnado con discapacidad. “Nuestras familias detectan desconocimiento, miedos y prejuicios por parte de los y las profesionales, y ausencia de herramientas para atender a sus necesidades específicas. Esto no puede permitirse”, aseveró CERMIN.
A su vez, reclamaron una mayor inversión pública en educación. Sanz recordó que en 2022 el Gobierno de Navarra ha dedicado un 4’26% del PIB a Educación, una cifra que, si bien no está lejos del 5% recogido en el acuerdo programático para la legislatura, no llega a alcanzarlo. El aumento presupuestario posibilitaría la ampliación de plantillas y la incorporación de nuevos perfiles profesionales ya presentes en otras comunidades como País Vasco, Aragón o La Rioja: logopedas, terapeutas ocupacionales o profesionales de la psicología y de la enfermería. Además, favorecería la reducción de ratios mejorando “la intensidad y calidad del apoyo dado al alumnado con discapacidad”.
Otra de las propuestas de mejora expuestas por CERMIN fue la reducción de rotación de profesionales de referencia y de atención especializada del alumnado con discapacidad, para hacer cumplir el “interés superior del menor” en el ámbito educativo, y garantizar “la continuidad de los procesos de intervención”, favoreciendo entornos y atención estables para este alumnado.
La entidad también exigió una mayor labor de inspección por parte del Departamento de Educación para garantizar el correcto uso y gestión de los recursos técnicos, y supervisar la intervención que se está llevando a cabo con el alumnado con discapacidad. “Las familias muchas veces evitan iniciar procesos de denuncia ya que temen perjudicar la atención que el personal docente da a sus hijos e hijas”, expresó Sanz. “Creemos necesario ofrecer canales seguros para la presentación de quejas, blindando el anonimato de las familias. De igual manera, es imprescindible aumentar las inspecciones de oficio y, en caso de incumplimiento, tomar las medidas de sanción necesarias”.
Por otro lado, Sanz expuso la necesidad de establecer canales de comunicación más estables y efectivos, tanto entre profesionales, como entre centro escolar, CREENA y familias. “La llegada de un nuevo ciclo escolar es fuente de incertidumbre y ansiedad para estas familias porque desconocen los recursos técnicos y humanos que se va a poner a su disposición”, señaló Sanz. En esa línea, reclaman un aumento de la frecuencia de las coordinaciones, y mejorar la calidad de estas ofreciendo información clara y detallada a las familias. “La comunicación debe ser constante. Hay que incorporar las mejoras que sean necesarias para evitar el sufrimiento innecesario de estas familias”.
Para finalizar, reclamaron un incremento del seguimiento y apoyo al alumnado con discapacidad entre etapas y en el paso a la educación postobligatoria, “para favorecer que esta transición se realice con éxito, y que este alumnado no se quedé atrás.”
Recordaron que la educación es un pilar fundamental del Estado de bienestar y una herramienta clave para la reducción de las desigualdades sociales. Por ello, apelaron a la “implicación de los poderes públicos” exigiendo “dedicación, interés y respeto”. “Nos preocupa que en el año 2022 siga sin darse una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado con discapacidad”, manifestó Sanz.
El fin último de todas las propuestas de CERMIN es “garantizar el derecho a la educación del alumnado con discapacidad”, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, algo por lo que llevan más de dos décadas trabajando.