El Consejo de Ministros aprobó este martes el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2023-2032, que reconoce que la accesibilidad universal es una condición que deben cumplir todos los entornos, productos, bienes y servicios para que puedan ser utilizados y disfrutados por todas las personas. Cuenta con un presupuesto de 93.467.014 euros.
Su elaboración y aprobación viene mandatada por la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
El Plan, según informó el Ministerio de Derechos Sociales, se despliega en seis ejes estratégicos, cada uno de los cuales se destina a un ámbito temático diferenciado:
- Apuesta firme y visibilización de la accesibilidad universal en el Gobierno de España.
- Organización y sistematización de la gestión transversal de la accesibilidad universal.
- Promoción de la gobernanza multinivel en la Administración Pública.
- Reforzar el marco normativo en materia de accesibilidad universal e impulsar su cumplimiento.
- Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento en materia de accesibilidad universal.
- Avanzar en la implantación efectiva de la accesibilidad universal en entornos, productos, bienes y servicios.
Por su amplio espectro de actuación, no sólo favorecerá a las personas con discapacidad sino a todas aquellas personas cuyas circunstancias vitales, transitorias o permanentes, puedan verse beneficiadas de entornos más accesibles. Tal es el caso de las personas con alguna limitación funcional, como pueden ser mayores, infancia, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales, extranjeros, personas que porten carritos de bebé o maletas, etc.
El Plan contará con un seguimiento trienal que sirva para evaluar el progreso en la implementación de las medidas recogidas.
Su presupuesto asignado alcanza los 93.467.014,51 euros y también conlleva la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, que propiciará el impulso de la contratación pública socialmente responsable. Dicha comisión la conformarán representantes de todos los departamentos ministeriales y de determinados organismos autónomos, del Consejo Económico y Social, y de la sociedad civil, provenientes tanto del Consejo Nacional de la Discapacidad como de la Comisión para el Diálogo Civil y de los sindicatos más representativos, a nivel estatal, dentro de la Administración General del Estado.
Fuente: Servimedia (enlace a la noticia original).