La Comisión de Políticas Sociales del Parlamento de Navarra ha aprobado, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno foral a «contratar de manera inmediata, por parte de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP), personal suficiente para realizar el conjunto de tareas necesarias para el correcto funcionamiento de los servicios públicos y, más concretamente, del servicio de valoración de la capacidad económica de las personas solicitantes de prestaciones por dependencia».
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por Izquierda-Ezkerra considera «lamentable» que la única razón ofrecida por el consejero de Políticas Sociales para justificar la «privatización» del sistema de valoración de la capacidad económica de las personas solicitantes de prestaciones por dependencia haya sido la «imposibilidad de aumentar la plantilla de la ANAP con el perfil adecuado (economistas), cuando recientemente se ha convocado una oferta pública de empleo precisamente con perfil de economistas para inspectores de Hacienda».
En ese sentido, se asegura que la valoración de la capacidad económica de las personas solicitantes de prestaciones por dependencia es «requisito imprescindible para poder acceder a dichas prestaciones y, por tanto, debe ser una encomienda exclusivamente pública, máxime cuando requiere el conocimiento total de la situación económica y patrimonial de los beneficiarios, lo que precisa acceder a información totalmente confidencial de los mismos».
Finalmente, el proponente enmarca está actuación en la «apuesta de UPN por privatizar al máximo todos los servicios públicos, llegando en este caso al extremo de privatizar la propia acción de control de la Administración».
Diario de Noticias, viernes 16 de enero.