- Un decálogo de orientaciones dirigido a consolidar un modelo de políticas públicas de discapacidad robustas, sostenidas y transformadoras en la esfera europea, nacional y territorial
- Enlace a la Declaración de Alicante:
https://cermi.es/novedad/declaracion-de-alicante-bases-para-una-politica-publica-exigente-de-discapacidad-2022
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han presentado la Declaración de Alicante bajo el título “Bases para una política exigente de discapacidad” como colofón al I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad, un documento de orientaciones dirigido a consolidar “un modelo de políticas públicas de discapacidad robustas, sostenidas y transformadoras en la esfera europea, nacional y territorial”.
Este Congreso, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y CERMI Comunidad Valenciana (CERMI CV) en colaboración con la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, se ha celebrado en el Museo Arqueológico de Alicante MARQ.
La presentación de la Declaración de Alicante ha corrido a cargo del presidente del CERMI CV, Luis Vañó Gisbert quien ha manifestado que “solamente con políticas públicas adecuadas en todos los ámbitos, europeo, estatal, autonómico y local, podrá acelerarse el proceso de inclusión de las personas con discapacidad”.
La Declaración de Alicante
La Declaración de Alicante, que se enmarca dentro de la celebración del 25 aniversario de CERMI y se presenta a las puertas del 3 de diciembre, Día Internacional y Europeo de las personas con discapacidad, se posiciona como un documento imprescindible para analizar la situación de las políticas públicas dirigidas a la inclusión, derechos y bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias”.
Primer punto
De este modo, la Declaración de Alicante establece como primer punto “políticas que sigan el mandato de la Convención de la ONU de Discapacidad” como el instrumento jurídico que reconoce a la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y, por lo tanto, el único marco de referencia para concebir políticas públicas de una forma “exigente y respetuosa”. En este contexto, la Declaración establece como imperativo “la modificación del artículo 49 de la Constitución Española, para adecuar nuestra Carta Magna a un nuevo constitucionalismo social del siglo XXI”.
Segundo punto
El segundo punto de la Declaración de Alicante se centra en el desarrollo de “políticas innovadoras que contribuyen a la transformación social” para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y de las personas con discapacidad, en particular. En este proceso transformador, “hay que tener presente la diversidad” reza el documento, para garantizar el acceso sin restricciones todos los ámbitos de la comunidad.
Tercer punto
“Políticas participadas por las personas y los grupos” es el tercer tema que aborda el documento y que hace referencia a que las políticas públicas de discapacidad se creen conjuntamente a partir de “una alianza vigorosa y sostenida en el tiempo con el sector social de la discapacidad” que, garantice el diálogo civil atendiendo a la máxima acuñada desde hace 25 años “nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”.
Cuarto punto
La cuarta regla pone el foco en “las políticas que permitan pasar de los derechos a los hechos” y garanticen el cumplimiento real y efectivo de los mandatos legales complementado con la exigencia de mecanismos de participación en la vigilancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de discapacidad” plasma en el documento.
Quinto punto
En quinto lugar, toma protagonismo “las políticas construidas desde la transparencia” como elemento indispensable para asegurar la calidad democrática de la gestión pública.
Sexto punto
El enfoque de género es tratado en el sexto punto bajo la petición de “políticas que tengan rostro de mujer” para combatir el enfoque neutro de género en las políticas de discapacidad e impulsar la perspectiva de género en los derechos de estas.
Séptimo punto
“Las políticas públicas que partan del conocimiento fiel y actual de la realidad. La gestión de datos con finalidad social” es el asunto acometido por el séptimo apartado de la Declaración de Alicante. En este punto, se consideran imprescindibles contar con indicadores y métricas para “construir políticas públicas certeras y transformadoras”.
Octavo punto
El octavo punto propone “políticas públicas objetivo de control judicial” en el que se subraya “la responsabilidad inexcusable en la protección de las personas con discapacidad” de los operadores jurídicos.
Noveno punto
El penúltimo punto hace referencia a “las políticas con un nivel de gasto público adecuado, socialmente útil” en el que, según reza el texto, “deben priorizarse claramente las inversiones que transformen los entornos para hacerlos realmente inclusivos”.
Décimo punto
El último punto del decálogo aborda “las políticas europeas” en el que se establece que “las políticas públicas de discapacidad deben servir como base para la construcción de una Europa Social, la Europa de las personas”.
Clausura del Congreso
El acto de clausura del I Congreso Nacional sobre Políticas Públicas de Discapacidad, ha contado con la participación de la presidenta de CERMI Mujeres, Marta Valencia Betrán; el director general de derechos de las personas con discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco; la vicepresidenta 1º de la Diputación de Alicante, Julia Parra Aparicio; y Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Ángel Luna González.
Marta Valencia Betrán ha dado la enhorabuena al CERMI por lo discutido a lo largo del Congreso y ha recordado la importancia de trabajar para que las políticas públicas dirigidas a mujeres y niñas se especifiquen bien para conseguir “sentirnos libres y vivas; que no estamos solas”. Por su lado, Jesús Martín Blanco ha declarado que “la mejor política pública es la que responde a una necesidad social con capacidad transformadora y que se traduzca en hechos impulsados por la administración”. Así, ha relatado alguno de estos hechos, ha agradecido al CERMI su labor y ha hecho un llamamiento a la administración a seguir diseñando políticas públicas en favor de las personas con discapacidad y sus necesidades.
Por su lado, Ángel Luna González ha reconocido la cercanía que siente al trabajar con el CERMI y ha suscrito “todos y cada uno de los puntos de la Declaración de Alicante”. “La discapacidad es un hecho social muy relevante y, por tanto, hay que ponerla en el centro de todos los ámbitos de las políticas públicas. Debe exigirse una especial empatía a las administraciones” ha enfatizado.
Para finalizar ha intervenido Julia Parra Aparicio quien, tras agradecer al CERMI haber elegido Alicante para la celebración del Congreso, ha confesado que “la administración es la que más incapacidad tiene” y ha reconocido que “necesitamos a los representantes que trabajáis cada día para las personas con discapacidad”. “Todos tenemos que trabajar en el mismo camino” ha concluido.