Navarra atiende a la U.E y derogará la ley que exige personal en gasolineras.
COCEMFE Navarra, federación de asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica, reclama que todas las gasolineras navarras cuenten siempre con personal de atención al público durante su horario de apertura para que las personas con discapacidad reciban la asistencia necesaria para poder ejercer sus derechos como consumidores y hacer su vida con la mayor autonomía posible.
La organización estima que la falta de personal en las gasolineras impide el disfrute de determinados bienes y servicios a las personas con movilidad reducida que no pueden repostar autónomamente, ya sea por su imposibilidad de dispensarlo por sus propios medios o porque no pueden acceder a los dispositivos de cobro. “No se pueden anteponer los intereses económicos a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad como consumidores”, explica Manuel Arellano, presidente de Cocemfe Navarra.
A su juicio, es intolerable la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad como consumidores que se está produciendo en las estaciones de servicio. “No solo queremos que haya personal en las gasolineras automáticas, desatendidas o low cost, sino en todas las gasolineras; y que dentro de las funciones de estos trabajadores se encuentre asegurar su utilización por parte de la clientela con discapacidad durante las 24 horas del día. Lo contrario nos reduce el abanico existente de estaciones de servicio y, en muchas ocasiones, nos obliga a depender de la solidaridad de otros clientes para poder repostar”, explica Arellano, quien recuerda que actualmente hay gasolineras de bajo coste sin personal y otras que no están atendidas por la noche.
Asimismo considera “inaceptable que una vez más se incumpla la ley que obliga a que todos los recursos sean accesibles” y recuerda que ya en febrero la propia Comisión Europea negó la existencia de sanciones a las autonomías que persiguieran gasolineras desatendidas. “El descenso de los precios del carburante por la existencia de una mayor competencia en el sector nunca puede ser motivo para vulnerar los derechos de una parte de la población. Es tan absurdo como permitir que se abran nuevos bares sin respetar las normas de accesibilidad porque van a ofrecer el café más barato o abrir hoteles llenos de barreras porque el precio de sus habitaciones será low cost”.
La derogación de la normativa es, según Arellano, “una vulneración clara de los derechos de las personas con discapacidad, amparada por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006 y ratificada por España en el año 2008, y contra la Ley General 1/2013 de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que indica que para el 4 de diciembre todos los bienes, productos, entornos, servicios, procesos e instrumentos debes ser accesibles para todas las personas”.
Fuente: COCEMFE Navarra.