Ir al menú
Abrir barra de herramientas

Herramientas de accesibilidad

“El coronavirus ha puesto en riesgo los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad”

  • Así lo afirma en una entrevista la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores, María José Segarra.
  • Enlace a todos los contenidos de la publicación de esta semana:
    http://semanal.cermi.es/boletin/1144.aspx?pre=1

El coronavirus ha aflorado la solidaridad y ha reconocido el valor de los servicios públicos como la sanidad, pero es cierto que también ha puesto en riesgo los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad”.

Así lo afirma la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Personas Mayores, María José Segarra, en una entrevista publicada en el boletín ‘Cermi.es semanal’, en la que insiste que “estamos viviendo una crisis sin precedentes que ha sometido a una tensión extrema los principios inspiradores del discurso de derechos humanos”.

Además, indica, que esta situación “ha puesto de relieve la necesidad de un modelo más previsor de la atención sanitaria de nuestros mayores y personas con discapacidad en recursos residenciales”, al tiempo que explica que la supervisión de la situación en estos centros por parte de los fiscales está contribuyendo a velar por los derechos de sus residentes, para lo que, asegura, “ofreceremos nuestro trabajo para colaborar en el diseño de las mejoras, sin duda necesarias, en el modelo existente”.

María José Segarra –quien ocupa este nuevo cargo desde hace dos meses- afirma que la creación de la plaza de Fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores, supone “un impulso” para esta especialidad, sobre todo, “en un momento tan prometedor como este, en el que la inclusión y el acceso a la justicia forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible de ONU (ODS 16) para la agenda 2030: un objetivo mundial en el que todos, el Ministerio Fiscal incluido, estamos comprometidos”.

La publicación también recoge una crónica realizada a raíz de ‘A cada lado: Informe sobre la situación de personas con discapacidad intelectual reclusas y ex reclusas en España’, realizado por Inés de Araoz, autora del informe y responsable del Área Jurídica de Plena Inclusión España. Este informe pone en evidencia la situación de “grave” vulnerabilidad de estas personas, que, en gran medida, proceden de entornos de exclusión y, junto a su discapacidad intelectual, tienen problemas de salud mental o conductas y situaciones de drogodependencia que originan unas necesidades de apoyo extensas y complejas.

En este sentido, denuncia que “el actual sistema adolece de procesos específicos de prevención del delito para estas personas, así como de acompañamiento y apoyo durante el procedimiento judicial, el cumplimiento de la pena (con las adaptaciones que son necesarias), y los procesos de reinserción y retorno a la comunidad”. Además, constata que “la comisión del delito no tiene su origen en la presencia de una discapacidad intelectual, sino en situaciones de exclusión social y económica en las que, además, tener una discapacidad intelectual te coloca en una situación todavía más vulnerable”.

También se resaltan dos artículos de opinión escritos, por una parte, por la presidenta de CERMI Canarias, Carmen Laucirica, quien habla de los retos a los que se enfrentan en 2021; y, por otra parte, por el presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI, Álvaro García, que aborda la ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España, con la que compareció ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado.

Por último, entre otros contenidos, el boletín ‘Cermi.es semanal’ hace referencia al V conversatorio de la Fundación CERMI Mujeres ‘El derecho a la educación de mujeres y niñas con discapacidad’, celebrado esta semana junto con la agencia de noticias Servimedia; la convocatoria de los premios anuales del CERMI para las mejores prácticas en discapacidad; o las Jornadas formativas para estructuras gerenciales y técnicas de los CERMIS autonómicos, durante las que se ha exigido que los nuevos fondos europeos estén al servicio de la inclusión.

Enlace a la noticia original.

Fuente: CERMI Estatal