- El delegado del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Derechos Humanos y para la Convención, Jesús Martín, afirma en una entrevista publicada en la web de la Abogacía Española que la Administración de Justicia sigue siendo “un espacio hostil” para las personas con discapacidad.
En este sentido apunta a los juzgados con “barreras insalvables”, sentencias y juicios “indescifrables” para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, la indefensión a las que se pueden enfrentar las personas sordas por falta de intérpretes de lengua de signos o medios de apoyo a la comunicación oral o el cuestionamiento al testimonio de una persona con trastorno mental.
Según indica, este tipo de situaciones “siguen sucediendo en España en 2021 y limitan la atención a los abogados y ciudadanos con discapacidad en las sedes judiciales y nos deja en una situación de precariedad, hasta el punto de poder acabar condenados por no haber considerado un ajuste en un procedimiento”. Jesús Martín, quien será uno de los ponentes del I Curso de protección jurídica de las personas con discapacidad del Consejo General de la Abogacía Española, indica que, si hay una esfera donde los efectos de la Convención de la ONU tienen una mayor contundencia, es la de la plena igualdad jurídica de las personas con discapacidad. “La discapacidad ya no puede ser excusa o coartada para limitar o reducir la capacidad de las personas de realizar actos vandálicos en el tráfico jurídico”, asevera.
Para él, “los sistemas, como el español, basados en la sustitución de la voluntad de la persona por razón de discapacidad –de ordinario, intelectual o mental– han de quedar sin efecto, pues son contrarios al nuevo paradigma de la libre determinación de los individuos, de todos, incluidos los hombres y mujeres con discapacidad”. Martín denuncia que la mirada que está instalada en el imaginario social político y jurídico sobre las personas con discapacidad es la de vidas asistidas y tuteladas, “en las que se nos niega el hecho nuclear de ser, porque otras instancias deciden por nosotros”. Esto queda patente, añade, en sentencias como las que cuestionan el testimonio de una mujer con discapacidad intelectual víctima de una violación o en leyes como la eutanasia que a pesar del pronunciamiento de Naciones Unidas y de la vigencia de la Convención, “siguen señalando a las personas con discapacidad como vidas descartables”.
En España hay doce millones de hombres y mujeres con discapacidad y, según declara, cuenta con un corpus legislativo vigoroso sobre discapacidad, “pero nos empeñamos en ignorarlos o incumplirlos de forma sistemática”. En este sentido, apunta que, si la abogacía requiere una gran responsabilidad en conocer la Convención y realizar un enfoque de derechos humanos en materia de discapacidad, “más importante es tomar conciencia de la especialización en los abogados adscritos al Turno de Oficio”.
Así, manifiesta que el papel de la abogacía, por tanto, para materializar los derechos contemplados en la Convención “es fundamental”. “La abogacía es en numerosas ocasiones el primer actor en un procedimiento judicial. Sus peticiones, demandas y conclusiones sirven de base a la Judicatura y Fiscalía para su propio trabajo. Utilizar la Convención, en estos casos, es una obligación”, concluye.
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Fuente: CERMI Estatal.