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CERMIN defiende que la nueva ley de Educación debe dar garantía al alumnado con discapacidad para estar “siempre” en el centro del sistema educativo

  • La organización ha celebrado un seminario online sobre educación inclusiva en el que han participado alrededor de 200 personas procedentes de la comunidad educativa, el movimiento asociativo y la población general

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ha defendido hoy que la nueva ley de Educación debe dar garantía al alumnado con discapacidad para que esté “siempre” en el centro del sistema educativo.

Así lo ha puesto de relieve la entidad en un seminario online que ha organizado sobre educación inclusiva gracias a la financiación del Gobierno de Navarra y que ha tenido lugar este miércoles con el título ‘ODS nº4: Educación inclusiva y de calidad’.

El evento ha sido presentado por la presidenta y coordinadora del grupo de educación de CERMIN, Mariluz Sanz, y por el consejero de Educación, Carlos Gimeno Sanz.

Por su parte, Mariluz Sanz ha manifestado que el movimiento asociativo CERMI está a favor del cumplimiento de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad donde el artículo 24 especifica que “hay que asegurar un sistema de educación inclusivo”. En la misma línea, ha añadido que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) coinciden con este posicionamiento, dado que el ODS nº4 defiende que “de aquí a 2030 tenemos que llegar a una educación inclusiva”.

El consejero de Educación ha declarado también que desde su departamento se trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad con respecto a la población general, tratando de aportar los recursos y servicios necesarios para atender sus necesidades específicas.

El acto ha contado con dos ponencias marco. La primera ha sido impartida por los profesores titulares de la Universidad Autónoma de Madrid, Gerardo Echeita y Cecilia Simón, que han presentado ‘El papel de los centros de educación especial en el proceso hacia sistemas educativos más inclusivos’, un estudio cualitativo sobre el proceso seguido en cuatro casos distintos; Newham (Reino Unido), New Brunswick (Canadá), Italia y Portugal, en lo relativo al papel que desempeñan los centros de educación especial (CEE) en el compromiso adoptado en todos ellos para que su respectivos sistemas educativos sean más inclusivos.

Durante su ponencia, han recordado que, internacionalmente, la educación de este alumnado está “sujeta a lo establecido con carácter de derecho en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), ratificada por el Gobierno español en el año 2008 y siendo, por ello, de obligado cumplimiento”.

Además, ambos han coincidido en la necesidad del progresivo abandono de las modalidades de escolarización segregada que “todavía persisten para una proporción de alumnos y alumnas que, en el Estado español (curso 2016/2017), rondaba el 17 % de la población escolar considerada con necesidades educativas especiales, asociadas, por lo general, a situaciones de discapacidad.”

Por otra parte, el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, ha ofrecido la ponencia ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: ‘La educación inclusiva como un derecho humano de todo el alumnado’, ya que, según ha declarado, “las leyes educativas de España, están pensadas para niños y niñas estándar, que ven, que caminan, y lo que no se ajusta a estos criterios se queda fuera del sistema”.

Según ha incidido, “la LOMLOE aborda la inclusión como un principio inspirador, no como un derecho, que es los que nos permite acudir a la justicia buscando reparación”.

Durante su intervención, ha ahondado sobre la transición hacia la educación inclusiva que plantea la Ley Celaá y ha recalcado que “se deben garantizar los apoyos individualizados para las personas con discapacidad que aseguren una educación de calidad que sea la base de su desarrollo humano y su plena participación social”.

De ahí que, ha añadido, las familias deban poder elegir por ley la modalidad educativa de sus hijos e hijas, y que “si quieren que su hija con un respirador vaya al mismo colegio que sus hermanos, la administración debe asegurarle los apoyos para que así sea”.

“Es deseable que el debate en torno a la educación de las personas con discapacidad vuelva a cauces serenos y constructivos, buscando el consenso dentro del marco establecido por el derecho español e internacional, sin un cuestionamiento a nuestras leyes porque hablamos de personas que necesitan apoyo en su educación, pero que son iguales a todas las demás personas en dignidad y derechos”, ha concluido.

En la clausura del acto ha estado presente la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, quien, entre otras cuestiones, hace referencia al Plan de Discapacidad de Navarra (2019-2025), en el que una de las líneas estratégicas prioritarias es la educación inclusiva.

Fuente: CERMI Navarra.