- Durante la comparecencia de la presidenta de CERMIN ante la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior en el Parlamento de Navarra
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El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ha denunciado la falta de desarrollo reglamentario de la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal ya que esto tiene “un impacto muy negativo” en las personas con discapacidad.
Así lo ha manifestado la presidenta de CERMIN, Mariluz Sanz, durante su comparecencia, este miércoles, en el Parlamento de Navarra ante la Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. El objetivo ha sido exponer desde el movimiento asociativo, el impacto que tiene en las personas con discapacidad la falta de desarrollo reglamentario de esta ley. La comparecencia, ha sido solicitada por CERMIN y fue aceptada por todos los grupos con representación parlamentaria (Navarra SUMA, Izquierda_Ezkerra, Podemos-Ahal Dugu, EH Bildu, Geroa Bai y PSN).
Durante su comparecencia, Sanz ha defendido que la accesibilidad universal es una “obligación consagrada” en el ordenamiento jurídico español y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas hace algo más de una década y que es de obligado cumplimiento para los países que la han ratificado, como es el caso de España.
En este sentido, ha recordado que, aunque “en 2003 ya se aprobó una Ley que obligaba a que todos los bienes, servicios y entornos de interés fueran accesibles en 2019, plazo que posteriormente se acortó hasta el 4 de diciembre de 2017”, ha lamentado que esto “aún no es una realidad”.
De esta manera, ha recordado que la Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal recoge novedades importantes que no venían establecidas en la anterior normativa, como cuestiones relacionadas con el acceso a los entornos, procesos, productos, bienes y servicios, que tienen una “gran incidencia” en la autonomía de las personas con discapacidad y en la posibilidad de participar en igualdad de condiciones que las demás personas usuarias de un servicio. En este punto la Ley incorpora medidas de sensibilización, divulgación, educación y formación en el terreno de la accesibilidad, que hasta entonces no habían sido contempladas.
Así, ha explicado que muchas de estas medidas requieren de un desarrollo reglamentario para poder aplicarse plenamente, Sin embargo, ha manifestado que “sin ese desarrollo nos encontramos con una gran dificultad, cuando no imposibilidad, para aplicar la literalidad y espíritu de la norma”.
De esta manera, la presidenta de CERMIN ha enumerado varias vulneraciones en materia de discapacidad como la falta de accesibilidad en notarías y registros de la propiedad, en contenidos de la programación de la televisión y de entornos y contenidos culturales y deportivos, en aplicaciones móviles y webs relevantes, en el transporte (taxis, autobuses, trenes o uso inadecuado de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida). Asimismo, ha denunciado también la generalizada ausencia de accesibilidad cognitiva en muchos ámbitos, lo que impide el acceso a la información de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
En la misma línea, ha recordado la importancia de adoptar las medidas necesarias para aumentar progresivamente la accesibilidad de las webs y aplicaciones para dispositivos móviles de las Administraciones Públicas.
En relación a la movilidad urbana, ha puesto de manifiesto la importancia de que los itinerarios peatonales sean diseñados de forma que resulten accesibles a cualquier persona y garanticen un uso no discriminatorio, así como la implementación de técnicas como señales sonoras, la lectura fácil, el empleo de pictogramas homologados y el sistema braille, tanto en el mobiliario urbano como en parques infantiles.
También ha recordado el artículo 21 de la ley, que dictamina que los edificios de titularidad pública o privada destinados a un uso público se proyectarán, construirán, rehabilitarán, reformarán, mantendrán y utilizarán de forma que garanticen que estos resulten accesibles. De la misma manera, ha hecho referencia al artículo 28, de accesibilidad en edificios de titularidad privada de uso residencial. “Las condiciones de accesibilidad en estos edificios no se está cumpliendo”, ha lamentado Sanz.
Durante su discurso, Sanz ha reiterado que la “accesibilidad supone un derecho instrumental” que es la llave para garantizar otros derechos como el empleo, la educación, salud. En este sentido, ha querido hacer hincapié en la falta de accesibilidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad ante esta situación de pandemia. “Por ejemplo, los teléfonos de emergencia no son accesibles para personas sordas. No pueden acceder a los trámites de la administración ni de la sanidad porque la única alternativa que se ofrece en muchos casos es la telefónica”, ha recalcado. Además, ha puesto de manifiesto el impacto que esta falta de accesibilidad ha tenido, sobretodo, en mujeres y niñas con discapacidad en el acceso a la justicia, en atención sanitaria, en educación y en empleo. Además, ha recordado que “es necesario facilitar a estas mujeres el acceso a la información y a la denuncia ya que el año pasado entre marzo y mayo, las llamadas al 16 y comunicación a través del WhatsApp, aumentaron, entre marzo y mayo, un 61,56% en comparación con el año anterior”.
Fuente: CERMI Navarra.